Los países tienen la responsabilidad de reconocer la violencia en línea contra las mujeres y facilitada por las TICs como una violación a los Derechos Humanos y una forma de discriminación y violencia de género. Dubravka Šimonović, relatora Especial de la ONU en el Informe sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias reconoce la importancia de aplicar debidamente los instrumentos necesarios para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer cometidos en el espacio digital.

Es necesario que los Estados hagan valer el principio de que los derechos humanos y los derechos de la mujer protegidos fuera de Internet también deben ser protegidos en línea.

Cada país con la debida diligencia tiene la responsabilidad de crear leyes y medidas basadas en el derecho internacional de los derechos humanos de la mujer y las correspondientes normas con lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

De acuerdo a Šimonović las responsabilidades que tienen los Estados comprenden una serie de categorías:

-Prevención: los Estados necesitan crear medidas que concienticen sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como establecer y proporcionar información sobre los servicios y la protección jurídica para poner fin a las violaciones y evitar que se repitan.

-Protección: tienen la obligación de proteger a las víctimas de la violencia en línea al adoptar medidas efectivas, aportar los recursos necesarios para la eliminación de un contenidos, proporcionar recursos y asistencia jurídica apropiada y permitir órdenes de protección. Se recomienda tomen responsabilidad al prohibir y tipificar como delito la violencia en línea contra la mujer, en particular la distribución no consensuada de imágenes íntimas, el acoso y el hostigamiento criminal en Internet.

-Enjuiciamiento: se refiere a las investigación penales contra los agresores. Es necesario evaluar la respuesta inicial a fin de obtener una descripción honesta y facilitar el acceso a la justicia y a los recursos.

-Sanción: se busca sancionar a los responsables por sus delitos mediante penas que sean necesarias y proporcionales al delito. Los Estados son responsables de garantizar el cumplimiento de las normas y asegurar la rendición de cuentas en caso de infracciones.

-Recurso, reparación y compensación: son los recursos civiles que incluyen; compensación financiera y la eliminación inmediata de los contenidos nocivos en función de las circunstancias y de las necesidades de la persona afectada.

-Educación: los países necesitan fomentar la alfabetización digital en el uso de Internet, sin discriminación por razón de sexo o género y promover la igualdad de género en todos lo niveles de la educación, incluida la educación en línea, desde la primera infancia. Igualmente se recomienda proporcionen capacitación a los magistrados, abogados, agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a fin de asegurar su capacidad para investigar y enjuiciar a los responsables.

-Papel de los intermediarios: Los Estados necesitan verificar que la reglamentación sobre los intermediarios de Internet respete el marco internacional de los Derecho Humanos. Estos desempeñan un papel fundamental en la interacción en los espacios digitales. Ya que las respuestas deficientes o nulas pueden tener un efecto negativo en la libertad de expresión de las usuarias, dando lugar a la censura por las plataformas, la autocensura o la censura por otros y otras usuarios y usuarias.

-Transparencia: Cada Estado tiene la responsabilidad de informar periódicamente sobre incidentes a nivel nacional y promover la creación de observatorios nacionales de violencia en línea y facilitada por las TIC contra las mujeres y las niñas.